Dictamen de Contraloría limita acción del Estado para finiquitar trabajadores a contrata

By | abril 12, 2016

El pasado 24 de marzo la Contraloría General de la República ordenó a las municipalidades de Santiago y Vitacura reintegrar a dos empleados a contrata (plazo fijo) que no se les renovó el contrato por 2016, y pagar las remuneraciones correspondientes al tiempo que se vieron separados de sus labores, en un dictamen que podría sentar jurisprudencia y limitar la acción del Estado en este sentido.

En el caso de la Municipalidad de Santiago, se trataba de un ex funcionario que llevaba 15 años bajo el régimen de sucesivas contrataciones, quien denunció que su desvinculación se trataba de “un acto arbitrario, indebido e injustificado”. Según el municipio, su decisión se amparó en el artículo 2 de la Ley 18.883.

En tanto, el ex funcionario de Vitacura llevaba 4 años de vinculación con la comuna. En su requerimiento a la Contraloría, estimó que el municipio había incurrido en “un acto discriminatorio e injusto”, a lo que éste no alcanzó a responder dentro del plazo establecido.

En su dictamen, la Contraloría consideró que la reiterada recontratación de ambos ex funcionarios hizo que se tornara en permanente y constante la mantención del vínculo,lo que generó en los recurrentes una legítima expectativa que los llevó “razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación”.

De acuerdo al ente de control, esta legítima confianza -que comienza al segundo año de renovación del contrato-, se traduce en que “no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera”.

Dado lo anterior, la Contraloría sostuvo que para adoptar una determinación contraria a lo que ya está sustentado por la legítima confianza, “es menester que la autoridad municipal emita un acto administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal decisión”.

En ese sentido, el ente de control llamó a reconsiderar “toda la jurisprudencia en contrario del criterio expuesto en el presente pronunciamiento”, aunque también aclaró que “en resguardo de la seguridad jurídica, el nuevo criterio solo genera efectos para el futuro”.

Carga pública

La presidenta (s) de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) , Nury Benítez, celebró el dictamen, porque genera una nueva jurisprudencia que plantea que el Estado no puede incurrir en despidos injustificados.

Además, Benítez contó que en este tipo de casos llevados a tribunales se estaba avanzando, pero caso a caso “con alta complejidad, porque la Contraloría (hasta ahora) no respaldaba esta demanda”.

La representante de la ANEF estimó que para este tipo de casos en que un funcionario público puede llegar a estar 15 años a contrata, “lo que corresponde es que debiera pasar a la planta. Esto debiera dar la posibilidad de iniciar una camino para regularizar las plantas de las instituciones públicas”.

Para el ex subdirector de Presupuestos, Guillermo Pattillo, es válido que al terminar una relación laboral a contrata la persona afectada conozca las razones. No obstante, recalcó que el principal requisito para que un sistema de este estilo opere realmente, es que el proceso de calificaciones del sector público sea realizado con verdadera objetividad. “Hoy en día el 99% del personal está calificado en las más altas categorías, lo que hace de este (proceso) un instrumento inútil”, sentenció.

Por lo mismo, resaltó que “si no se mejora el sistema de calificaciones, un dictamen de este tipo sólo encarece en el margen la desvinculación de personal”.

El asesor senior de Clapes-UC, Juan Bravo, concordó en que en base a los principios de juridicidad, igualdad y no discriminación arbitraria establecidos en la Constitución, es razonable que se fundamente los motivos de desvinculación al trabajador. Sin embargo, agregó que “esta exigencia no debiera provocar dificultad a los servicios públicos bien administrados”.

El miembro de la Comisión Laboral de la Sofofa, Huberto Berg, estimó que el sistema de trabajadores a contrata ha sido un tema pendiente en el sector público hace muchos años, y que este cambio de posición o nueva mirada pueden llevar a que haya una mayor disposición del Gobierno a darle un corte a este tema. “Más allá de llenarnos de trabajadores a contrata, puede haber, por ejemplo, un porcentaje máximo y por un tiempo acotado. Por lo tanto, la gente que tengo de forma indefinida es la gente que realmente puedo necesitar”, apuntó.

No obstante, Francisco López, coordinador del programa Legislativo de LyD consideró que, al intentar hacer aplicable la teoría de la confianza legítima en materias de contratación por parte del Estado -la cual es propia de legislaciones como la alemana-, la Contraloría está dotando al régimen de contrata de características que desnaturaliza el carácter eminentemente transitorio de éste. “Si el objetivo es modificar la regulación de las contratas, o establecer nuevos requisitos para poner término a éstas, correspondería realizar una modificación legal y no hacerlo por la vía de dictámenes”, sentenció.

Para descargar el pronunciamineto de la Contraloría, pueden hacer clic aquí

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Fuente: Pulso

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