El proyecto “fantasma” de modernización de Cancillería

By | diciembre 2, 2015

Modernizar la Cancillería es aún una materia pendiente para Chile a pesar de las múltiples promesas realizadas desde el retorno a la democracia. Tras veinte años y 16 proyectos, el Gobierno de Michelle Bachelet no fue una excepción a la regla y propuso durante su campaña una reorganización consensuada del servicio.

Es por ello que al asumir el ministro Heraldo Muñoz, la cartera no tardó en nombrar con celeridad al encargado de liderar dicha labor. El elegido fue Mario Artaza Rouxel (PS), diplomático, ex embajador en Reino Unido y Estados Unidos y académico de larga trayectoria.

Luego de casi dos años y 32 reuniones de trabajo, el proceso ha sido calificado por el equipo a cargo como “altamente transparente y participativo”. Según Mario Artaza, “cuando me hice cargo de esta tarea mi primera preocupación fue reunirme con cada una de estas asociaciones y solicitarles que me hicieran llegar sus propuestas concretas a fin de considerar su factibilidad política, presupuestaria y atingencia a los objetivos del proyecto (…) les he reiterado esta petición y ya he tenido reuniones”.

El proyecto “fantasma” que nadie conoce

De esas reuniones de trabajo, 26 se han llevado a cabo con las asociaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de conocer sus necesidades y así plasmarlas en el esperado proyecto. Sin embargo, los trabajadores afirman que desconocen el resultado de estas reuniones, ya que “nadie nos ha presentado cuál es el proyecto final que se envió a Hacienda y que se presentará a la Presidenta (…). Nosotros no conocemos el proyecto, por lo tanto, difícilmente lo podemos apoyar”.

Según un comunicado de la mesa gremial, “frente al proceso de modernización de la Cancillería anunciado por sus autoridades, que si bien hemos mantenido reuniones con el encargado de llevar adelante el proyecto de modernización, embajador Mario Artaza, estos encuentros han sido solo para escuchar nuestras propuestas y no para negociar ningún aspecto del proyecto, texto que por lo demás aún no conocemos y que por lo mismo no podemos declarar nuestro apoyo incondicional”.

Manola Verdugo, presidenta de la Asociación de Profesionales del (APROFEX), confirma esta situación: “Nosotros seguimos esperando que nos presenten dicho proyecto porque no podemos apoyar algo que no se ha leído. Cada vez que nos encontramos con alguna autoridad nos pregunta si vamos a apoyar el proyecto y les contestamos que cómo apoyar algo que no hemos visto. No basta con saber de qué se trata en general, sino que necesitamos saber de qué trata en particular”. Además, reafirma la voluntad de los funcionarios por colaborar con la modernización, pero no de este modo, porque “aún estamos esperando que alguien nos llame a negociar, más allá de estar con alguien que solo tome nota”.

Sin embargo, desde el equipo de Artaza defienden el hermetismo con que se ha actuado. “El borrador del proyecto, como generalmente es en los proyectos, no se hace público hasta que lo conozca la Presidenta de la República. Al menos así será en este caso. Estamos conscientes que los gremios y los diplomáticos querrían verlo antes, pero la decisión ha sido esa”, afirma Cecilia Valdés, jefa de prensa de Artaza.

Agrega que “ante la queja de que algunas demandas ‘no habían sido incorporadas’, se les señaló que ‘sería muy útil que se me comunicara por escrito cuáles eran esas demandas’, pero no hubo respuesta. (…). Por ello extraña que se sostenga que no se han discutido los temas que les interesan. En las reuniones se recibieron las propuestas de todas las Asociaciones, las que fueron estudiadas y analizadas y se les explicó cuáles podían ser incorporadas al proyecto”.

“Se informó a las directivas que lo que existía es un proyecto preliminar, ‘sujeto aún a numerosas consultas, observaciones y cambios’ que determinen la Dirección de Presupuesto, Hacienda y la SEGPRES. Es más, solo será posible que sea considerado como público cuando se hayan concluido las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, por disposición de ese Ministerio y cuando sea conocido por S.E. la Presidenta de la República”, afirma la especialista e insiste en que “el proyecto no tiene nada de ‘fantasma’. Es muy concreto, con ideas y conceptos que representan un avance real para tener una Cancillería moderna, más ágil, con mayor capacidad de análisis y prospectiva, con mayor reconocimiento del mérito, con personal de mayor capacidad y mejor preparado”.

No a la discriminación

La propuesta de la mesa gremial descansa principalmente en que no debe existir discriminación entre los servicios que integran el Ministerio de Relaciones Exteriores: “Todos los funcionarios(as) deben tener los mismos beneficios, estandarización de grados y otros. No se justifica que siendo una sola institución tengamos diferencias de sueldos y garantías, ya que esto perjudica las relaciones laborales entre los servicios y principalmente entre las personas, generando con ello un clima laboral hostil”, afirma el documento.

La propuesta de los funcionarios radica en cinco propuestas centrales. En primer lugar, el incentivo al retiro para todos los funcionarios, independientemente de su calidad jurídica y nivel ministerial. Además se critica que el proyecto de ley es insuficiente sobre las mejoras de grados y remuneraciones, ya que consideran que no pueden existir funcionarios de primera y segunda categoría entre iguales y es necesario reconocer los aportes que cada uno desde sus áreas entrega al servicio.

Por otra parte, se alerta sobre la demanda que generará el proyecto de ley sobre voto de chilenos en el exterior, ya que esto producirá sobredemanda en embajadas y consulados que los funcionarios no están preparados a asumir. Para ello proponen reforzar el trabajo permanente en las labores de los funcionarios en el exterior y desarrollar un plan de destinaciones acorde a los nuevos desafíos.

Considerando que “el Ministerio de Relaciones Exteriores es el departamento de Estado encargado de la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que formule el presidente de la República” es necesario crear la figura de “delegados regionales” de la Cancillería. Finalmente, señalan que hay que incorporar criterios de concursabilidad dentro de la carrera funcionaria, incluso en la selección de directores y jefes según Alta Dirección Pública.

Sin reforma desde 1978

El ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido reformado desde 1978, tras el fracaso del laudo arbitral con Argentina por el Conflicto del Beagle. En esa ocasión, frente a la urgente necesidad de cambios, el gobierno militar declaró por decreto de ley nº2.101 de ese mismo año su modernización para enfrentar los nuevos desafíos y particularmente la profesionalización de un servicio desordenado tanto en su estructura, funciones y remuneraciones. Para ello se determinó un plazo de 200 días.

Según el ministro Muñoz, la estructura orgánica y funcional actual es “excesivamente jerarquizada, rígida y no corresponde a la realidad”, razón por la cual es necesario “dotar a Chile de un Ministerio de Relaciones Exteriores flexible, ágil, eficiente, de mayor capacidad para responder a todos los desafíos emergentes”, pues en el contexto actual, con nuevo escenario mundial, nuevas instituciones, avance de tecnologías de la información y la comunicación, competitividad internacional, interdependencia económica y surgimiento de nuevas potencias “la política exterior es absolutamente clave para el desarrollo de nuestro país”.

Hoy, el servicio está compuesto por 1.219 funcionarios, sin considerar contratos locales, que se estiman en unas 150 personas. Sin embargo, y contrario a lo que se pudiese pensar, el 60% de los trabajadores no son diplomáticos, sino profesionales y administrativos que no están adscritos a las necesidades planteadas por la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA) en el marco de la propuesta única que se está trabajando en el futuro proyecto de ley.

En Cancillería hay otras 6 asociaciones, cada una con sus propios requerimientos: Asociación Nacional de Funcionarios del Minrel (AEMRE), Asociación de Secretarias (ASECC), Asociación de Profesionales (APROFEX), Asociación de Funcionarios de Direcon (AFUD), Agrupación de Funcionarios de Apoyo Logística (AFUL) y Asociación de Funcionarios de la Agencia de Cooperación Internacional.

Fuente: El Mostrador

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